Niñez migrante en Chile: el gran desafío es que ningún niño pierda sus derechos por cruzar una frontera
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En ese contexto, especialistas llaman a reforzar el enfoque de derechos humanos en la gestión migratoria, poniendo énfasis en el principio del interés superior del niño como eje rector de toda política pública.
La académica de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Verónica Gómez, subrayó que la condición migratoria no puede ser un factor que limite el ejercicio de Derechos fundamentales.
‘El punto de partida es que ningún niño, niña o adolescente pierde derechos por cruzar una frontera, y que su situación migratoria, ya sea regular o irregular, nunca debe prevalecer sobre su condición de sujeto de derechos’, señaló la especialista.
Según explica la experta, uno de los principales desafíos actuales es mejorar la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad, especialmente en casos de menores que viajan sin acompañamiento o con documentación incompleta, así como prevenir riesgos asociados a trata de personas, explotación o violencia.
‘Las instituciones deben evaluar oportunamente posibles situaciones de vulneración de derechos, como trata de personas, explotación laboral o sexual, violencia, abandono, negligencia o separación familiar’, agregó Gómez.
La académica también enfatizó la existencia de barreras adicionales que dificultan la integración de la niñez migrante, como el idioma, el racismo y la xenofobia, lo que refuerza la necesidad de respuestas estatales integrales.
En esa línea, sostuvo que el Estado debe garantizar el acceso inmediato y sin discriminación a servicios de salud, educación y protección especializada, junto con mecanismos de regularización y residencia por razones humanitarias cuando corresponda.
‘Los niños, niñas y adolescentes migrantes tienen derecho a salud, educación y protección, independiente de su situación migratoria o la de sus padres’, afirmó.
Para la experta, el caso también deja importantes desafíos para el fortalecimiento de las políticas públicas en materia migratoria. Entre ellos, destaca la necesidad de avanzar en una coordinación efectiva entre el Servicio Nacional de Migraciones, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, los establecimientos educacionales, el sistema de salud, los municipios, los tribunales de familia, el Registro Civil, la Policía de Investigaciones y las organizaciones de la sociedad civil.
A ello se suma la importancia de contar con protocolos específicos para niños no acompañados, separados de sus familias, solicitantes de refugio o posibles víctimas de trata, asegurando siempre representación jurídica, acceso a información comprensible y procesos de escucha acordes a su edad y nivel de desarrollo.
‘Las políticas públicas deben tener un enfoque intersectorial, territorial y centrado en los derechos de la infancia, no únicamente en el control migratorio’, sostuvo.
Gómez explicó que, ‘cuando un niño o niña participa en un proceso de traslado internacional, las instituciones deben evaluar aspectos como su identidad, edad, nacionalidad, vínculos familiares, condiciones de cuidado y posibles riesgos de explotación o violencia’. Del mismo modo, deben resguardar sus necesidades de salud, educación, protección psicosocial y considerar su opinión, de acuerdo con su edad y grado de madurez.
Finalmente, la académica recordó que la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería establece que los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes deben respetarse independientemente de su situación migratoria, garantizando su acceso a educación, seguridad social y procesos prioritarios de reunificación familiar, además de impedir la aplicación de medidas de expulsión en su contra.
‘El gran desafío es que cada decisión que involucre a niños migrantes tenga como eje central su protección integral y el respeto irrestricto de sus derechos, por sobre cualquier Gómez explicó que, ‘cuando un niño o otra consideración administrativa’, concluyó.
